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Congreso estudia reforma para reconocer capacidad jurídica de personas con discapacidad

*La presidenta de la Mesa Directiva, Mariana Benítez Tiburcio, planteó una iniciativa de reforma al Código Familiar y Civil de Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax. 9 de septiembre de 2022.- El Poder Legislativo de Oaxaca estudia la propuesta de reforma para reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mayores de edad en el estado.

La iniciativa presentada por la presidenta de la Mesa Directiva, Mariana Benítez Tiburcio, consiste en anular la fracción II del artículo 303 del Código Familiar y una serie de modificaciones a los artículos 2, 21, 22 y 23 del Código Civil de Oaxaca.

De esta manera, la legisladora plantea que las personas con alguna discapacidad puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones, en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, el derecho a una vida independiente, a la autonomía y libertad para la toma de decisiones, el acceso a la justicia, entre otros.

Asimismo, modificar el modelo médico-asistencialista -que se basa en visualizar a la discapacidad como una enfermedad o padecimiento-, en un tipo social de apoyos y salvaguardias.

“Debemos de transitar hacia el modelo social de discapacidad que nos permitirá observar el camino que haga posible a que las personas con discapacidad gocen y ejerzan en igualdad de condiciones y sin discriminación sus derechos”, argumentó.

Expuso, que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Oaxaca es el estado del país con mayor población con alguna discapacidad; hasta el año 2020, se contabilizaron 875 mil 436 personas con una limitación física o mental, lo que representa el 19.9% de la sociedad.

“De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una obligación que México reforme sus legislaciones estatales y federales en la materia, a fin de hacer justicia y proporcionar autonomía mediante el reconocimiento de sus derechos”, expresó.

Dicha iniciativa se encuentra en estudio en las Comisiones Permanentes de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Administración y Procuración de Justicia.

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