DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO: DESTAPA IRREGULARIDADES, OMISIONES Y POSIBLE CORRUPCIÓN DESDE 2019
Oaxaca, Oax.— El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca no fue un “accidente”, sino la consecuencia de años de omisiones, mala supervisión y presunta corrupción, denunciaron víctimas a través de su representante legal, el abogado Adrián Arellano, quien confirmó la presentación de una denuncia formal en contra de constructoras y servidores públicos por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.
De acuerdo con Arellano, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado irregularidades graves y reiteradas desde 2019 hasta la última auditoría practicada en febrero de 2025, donde se advierten deficiencias en la construcción, rehabilitación y supervisión de la infraestructura ferroviaria.
La denuncia revela un dato alarmante: no existe evidencia fotográfica que compruebe los trabajos por los que fueron contratadas las empresas responsables, lo que refuerza la hipótesis de simulación de obras y negligencia institucional.

Las víctimas, Juan Manuel Flor y Alexis, una familia originaria de Ciudad Juárez, viajaban el 28 de diciembre con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Oaxaca, pero su trayecto terminó abruptamente por el descarrilamiento. Hoy, exigen justicia y han manifestado su voluntad de denunciar penalmente las lesiones sufridas, derivadas —aseguran— de las omisiones de autoridades y contratistas.
El abogado confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició una investigación y que las víctimas buscan ser partícipes activos del proceso, aportando información clave para esclarecer la verdadera causa del descarrilamiento.
“Queremos saber qué falló, quién no hizo su trabajo y quién debe responder”, sentenció Arellano, al reiterar que la denuncia será entregada de manera digital, respaldada por los informes oficiales de la Auditoría Superior de la Federación.
El caso pone nuevamente bajo la lupa uno de los proyectos emblemáticos del país, hoy marcado por acusaciones de negligencia, opacidad y posibles delitos, mientras las víctimas exigen que no haya impunidad.